El legislador por el PSUV Eduardo Labrador, presidente de la Comisión Permanente de Política y Derechos Humanos del Parlamento estadal, estuvo acompañado por el parlamentario del MEP Omer Muñoz para fijar posición acerca de la resolución 008610 publicada en gaceta oficial 40.589 del 27 de enero de 2015 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa que habla de la actuación de las Fuerzas Armadas en manifestaciones públicas en el país.
El parlamentario de forma responsable señaló que siempre han estado las fuerzas públicas para garantizar el orden público, el cual es un mandato constitucional para la paz de los venezolanos y las venezolanas.
Labrador expresó que se pretende descontextualizar la resolución emanada del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, “nunca se ha dicho eso y nunca se va a hacer porque en nuestro país existe un estado de derechos humanos que prohíbe el uso de armas de fuego en las manifestaciones. Los legisladores del Consejo Legislativo estamos consientes de nuestra constitución que fue aprobada por el pueblo”.
El parlamentario apoyó las declaraciones ofrecidas por el Ministro de Defensa, Padrino López, quien aseguró que los comentarios negativos en contra de la resolución forma parte “de una ofensiva (de la oposición) que ha tratado de poner en zozobra al pueblo de Venezuela”.
Señaló además que las armas utilizadas por los manifestantes el año pasado en las guarimbas como los llamados miguelitos o las guayas también deberían estar prohibidas en dichas manifestaciones.
Por su parte, el legislador Omer Muñoz, resaltó las declaraciones emitidas por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, cuando indica que las armas de fuego continúan prohibidas en las manifestaciones.
Manifestó Muñoz que las únicas malas experiencias que se han tenido en Venezuela “han sido cuando se disparaba primero y se averiguaba después, donde se aplicaban los teatros de operaciones, el asesinato de más de trescientos estudiantes”.
Aseguró el parlamentario que, “este es un gobierno humanista, un gobierno que ha respetado los derechos humanos y lo ha ejercido, aquí no se ha violentado los derechos humanos y cuando ha ocurrido los responsables han pagado por sus acciones porque no es un apolítica de Estado”.
En relación a la campaña de descrédito que emprendió la derecha venezolana contra la resolución, expresó que “es una campaña mediática que ha venido generando la derecha venezolana de forma permanente para desestabilizar al país y el proceso revolucionario”.
Nota de prensa CLEZ / www.diariorepublica.com
