RCTV pidió a la Corte Interamericana que haga justicia, mientras que el agente del Estado venezolano negó que la medida haya obedecido a razones políticas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, comenzó una audiencia de dos días por la demanda contra Venezuela por supuestas violaciones de los derechos humanos al no renovar la concesión a RCTV.
Marcel Granier dijo ante los jueces que espera una condena contra el Estado y que se repare el daño ocasionado a la empresa y sus trabajadores, que eran unos 3.000 en el año 2007.
«Queremos que se haga justicia. Nos hicieron un daño y queremos que ese daño sea compensado. Que se restituya el ejercicio de nuestros derechos, que se nos compense los daños y que se castigue a los responsables», manifestó Granier.
Según el empresario, nunca existió un motivo judicial para no renovar la concesión y todo se debió a que la línea editorial del medio no gustaba al Gobierno.
Por su parte, el agente del Estado ante la CorteIDH, Germán Saltrón, aseguró que la no renovación de la concesión a RCTV (Radio Caracas Televisión) estuvo apegada al marco jurídico venezolano y se llevó a cabo para utilizar las frecuencias con el fin de promover valores.
«No ha sido por la línea editorial, es para darle paso a una emisora donde estén presentes los valores nacionales. Las televisoras no tienen valores, de hecho las televisoras en lugar de informar lo que hacen es desinformar, y en vez de crear valores dan antivalores», dijo Saltrón a Efe.
El agente adujo que la puesta al aire de novelas sobre narcotraficantes está fomentando conductas delictivas en la sociedad.
«Todo el aumento de la inseguridad social la tiene, en parte, la televisión que da antivalores», apuntó.
Por su parte, el testigo propuesto por el Estado y funcionario de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, José Leonardo Suárez, declaró a los jueces que el manejo de las frecuencias es un «acto discrecional» del Gobierno al tratarse de un bien de dominio público.
Afirmó que en el marco jurídico venezolano, a la hora de decidir si se renueva una concesión, no existe derecho de preferencia, renovación automática ni concesiones perpetuas.
Suárez agregó que tampoco debe haber un motivo especial para negar la renovación de la concesión, pues solo basta con una decisión del Poder Ejecutivo.
La relatora especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, dijo ante los jueces que en este caso existe una discriminación por razones políticas contra RCTV.
La CIDH citó declaraciones de Hugo Chávez, fallecido en 2013, en las anunciaba que no se renovaría el permiso a RCTV por tratarse de un canal «golpista».
Este es el último caso que enfrenta Venezuela ante la CorteIDH, pues el año pasado se oficializó su salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al considerar que sus instituciones persiguen a los gobiernos «progresistas» y están manipuladas por Estados Unidos.
La audiencia continuará hoy y para mañana se espera la presentación de los alegatos orales finales de las partes.
Agencia EFE/www.diariorepública.com
