El punto que promete ser el más polémico durante la discusión de la Ley de Producción Nacional, es el artículo relacionado con la ocupación temporal indefinida y la expropiación como sanción, decisiones enmarcadas en las acciones sociales del Gobierno en los últimos 17 años.
El proyecto impulsado por la bancada de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), contentivo de 34 artículos, coincide con varios retos que el Gobierno nacional se ha planteado. Dejar de importar productos terminados, dirigir las divisas a la importación de materia prima para producir en el país, simplificar trámites, generar confianza al empresariado, son puntos en los coinciden ambos bloques, y que están incluidos en la norma que podría ser debatida en primera discusión este jueves en la Asamblea Nacional.
Debate que se dará, luego de la reciente creación del Sistema Empresarial Socialista y la Corporación Nacional Productiva anunciada en el Zulia por el presidente Nicolás Maduro.
En el artículo 32, en las disposiciones transitorias, establece que “con el propósito de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima necesarias para incrementar la inversión y la producción en el marco del Estado de Derecho, se establece que la expropiación procederá únicamente como medida extraordinaria según lo establecido en el artículo 115 de la Constitución y de conformidad a los supuestos previstos en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social”.
Asimismo, expresa que “se derogan las normas previstas en la legislación vigente que establezcan la ocupación temporal indefinida y la expropiación como sanción, así como cualquier otra disposición que distorsione su uso”.
También se incluye la creación de una comisión especial en el Parlamento que constate el estatus de las medidas tomadas por el Estado sobre empresas privadas. “La Comisión Especial (…) llevará a cabo una investigación en las empresas, tierras de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, plantas de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva, que haya sido adquiridas por el Estado o que en el pasado han sido objeto de alguna medida coactiva de privación de la propiedad o de control sobre la administración por parte de cualquier órgano o Público”.
En este sentido, se determina que la medida puede cambiar en caso de que el informe de la comisión establezca que el bien en cuestión se encuentre “total o parcialmente inactiva o haya decrecido sus niveles de producción respecto de aquellos con los cuales contaba en los 12 meses previos al momento en el cual se adoptó la medida”.
Se podría ordenar al Ejecutivo el otorgamiento a un tercero del derecho a gestionar la empresa, tierra de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva de que se trate, para la pronta reactivación de la producción.
De acuerdo a la norma el modelo económico actual ha fracasado. “Se decidió que las relaciones entre el Estado y el esfuerzo privado estarían basadas en el intervencionismo y control y quedó claro que fue un error, porque el resultado ha sido trabas y frenos al esfuerzo privado. Se decidió expropiar, intervenir y acumular en manos del Estado la propiedad de gran cantidad de empresas y quedó claro que fue un error, porque la mayoría no están produciendo”.
En el proyecto se toca el tema de los precios justos, punto central para el Gobierno socialista y que ha controlado en la última década. Del régimen especial de precios se desprende que los precios fijados por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) “podrán ser modificados por los productores cada dos (2) meses, aplicando el método de ajuste de precio descrito en los artículos siguientes”, sometido a la revisión posterior por parte de esa Superintendencia.
A juicio del diputado Julio Borges, promotor de la ley, el objetivo es “crear las condiciones para que podamos tener en Venezuela la oportunidad” de producir alimentos, medicinas y demás productos que son importados.
Indicó que se prevé la “revisión de más de 1.200 empresas que han sido expropiadas”, de las cuales alrededor de 300 son del sector de alimentos y que han pasado al Estado y cuya producción “no se ve por ningún lado”.
Al respecto, Elías Jaua, legislador del Psuv, aseveró que la oposición busca privatizar todo nuevamente. “Esta es una ley privatizadora, lo que hay es que leer cada artículo de las leyes que propone la derecha ante la AN, para saber que es un proyecto neoliberal, que lo que proponen es un proyecto de restitución del capitalismo en Venezuela”.
Vía Panorama/www.diariorepublica.com
