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Como parte de los planes de fiscalización que lleva a cabo la Superintendencia de Precios Justos, funcionarios de esta institución se encuentran desplegados a nivel nacional para chequear los precios de bienes y servicios en playas y espacios comerciales turísticos.
Más de 400 fiscales se encuentran en puntos de todo el país, precisó Amira de Germano, directora de inspección de la superintendecia, quien señaló que entre los delitos denunciados está la imposición arbitraria de precios, incumplimientos de contrato, prestaciones deficientes de servicios.
Agregó la funcionaria que los fiscales se encuentran estableciendo medidas preventivas para evitar estos delitos, además de la entrega de material informativo.
ÚN/www.diariorepública.com
