La organización Human Rights Watch instó al Gobierno de Venezuela a «impulsar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales para esclarecer la muerte de 35 internos en el Centro Penitenciario David Viloria (conocido como cárcel de Uribana), en el estado Lara».
Además, esta ONG señaló que «el gobierno debería reformar su sistema penitenciario para mejorar las condiciones carcelarias y abordar la violencia dentro de las prisiones».
La ingesta de medicamentos y alcohol absoluto por parte de internos de Uribana, luego de una huelga de hambre que se inició el 24 de noviembre, dejó, según fuentes oficiales, 35 reclusos murieron y 145 intoxicados, de ellos 20 de gravedad (aún se encuentran en coma), reseña HRW. Otras fuentes indican que el número de muertos llegó ya a 38.
Otra versión del hecho, ofrecida por el Observatorio Venezolano de Prisiones, según HRW, cuenta que «familiares sostienen que muchos internos fueron presuntamente envenenados con agua y alimentos que les suministraron guardias penitenciarios durante la protesta».
«Miles de internos han muerto en las prisiones venezolanas en los últimos años, incluyendo decenas de ellos en la cárcel de Uribana desde 2013», declaró José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. «¿Cuántos más deberán morir para que el gobierno de Venezuela aborde de manera efectiva la crisis de su sistema penitenciario?»
En 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela adoptar medidas provisionales para «evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en la Cárcel de Uribana, de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos al centro penitenciario, así como de quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visitantes». La medida de la Corte continúa vigente.
En enero de 2013, según versiones oficiales, al menos 56 internos y un miembro de la Guardia Nacional murieron durante un enfrentamiento entre integrantes de la Guardia Nacional y presos de esa cárcel larense, dijo HRW.
«La impunidad de las violaciones de los derechos humanos de los presos es la regla en Venezuela», sostuvo Human Rights Watch.
El 27 de noviembre, el Ministerio Público creó un «equipo multidisciplinario» para investigar la «situación irregular» en la cárcel de Uribana, y asignó tres fiscales al caso. El director del centro penitenciario habría sido detenido en el curso de la investigación.
«Además de investigar en forma exhaustiva este caso, el gobierno de Venezuela debería aceptar la solicitud pendiente del Relator Especial contra la tortura de la ONU para visitar el país y debería permitirle que tenga acceso pleno para llevar a cabo una investigación independiente sobre las condiciones en los centros penitenciarios del país», señaló Vivanco.
Vía EU / www.diariorepublica.com
