La Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que recibió más de 2.000 formularios de víctimas venezolanas en apoyo a la petición del fiscal Karim Khan para que continúe la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“El VPRS recibió, al 7 de marzo de 2023, más de 2.000 formularios (incluidos videos y otras presentaciones en diferentes formatos escritos) que contenían las opiniones y preocupaciones de las víctimas”, detalló el organismo a través de un comunicado publicado en el portal de la CPI.
La organización aseguró que está procesando todas las opiniones recaudadas para transmitirlas a la Sala de la corte en un informe conjunto y resaltó que la administración de Nicolás Maduro no tendrá acceso a las denuncias formuladas.
“Los formularios de víctimas, videos, etc. solo se transmitirán a la Sala de Cuestiones Preliminares; ninguna otra entidad tendrá acceso a ellos. El Gobierno de Venezuela no tendrá acceso a ningún formulario, video, otros documentos presentados por o en nombre de las víctimas”, destacó el VPRS en el documento.
“La seguridad de las víctimas y de quienes las asisten es lo primero. Las víctimas no deben correr ningún riesgo y no deben mencionar públicamente su interacción con la CPI, ya que la confidencialidad y la discreción son la mejor manera de protegerlas en esta etapa del procedimiento”, añade el comunicado.
La recaudación de formularios inició el pasado 19 de enero, en ese momento, la CPI detalló que una vez finalizado el proceso, el VPRS presentaría un informe antes del 21 de marzo de 2023, sin embargo, la ONG Provea aseguró que el periodo fue prolongado debido a la alta cantidad de opiniones emitidas.
“La Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la sección VPRS una prórroga hasta el 20 de abril 2023, para analizar todos los formularios y vídeos junto al informe final consolidado”, escribió Provea a través de su cuenta Twitter.
Por su parte, la administración de Nicolás Maduro arremetió el pasado 28 de febrero contra la CPI y acusó a la institución de no ser imparcial, por presuntamente reportar “irregularidades y violaciones del debido proceso”.
“Venezuela denunció las diversas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la CPI, incluyendo la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales”, aseguró el Gobierno.
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Via VF/Diario Republica
