«Creo que en siete horas de interrogatorio se ha podido esclarecer todo y despertar en su señoría, en las administraciones públicas y, esperemos que también en la opinión pública, cuán inocente es la infanta». Las palabras son de Jesús Silva, uno de los abogados de la infanta Cristina de Borbón.
Las pronunció el sábado ante decenas de cámaras, flashes y periodistas libreta en mano a las puertas del juzgado de Palma de Mallorca, apenas cinco minutos después de que la hija menor del rey Juan Carlos de España lo abandonara en un día histórico, informó DPA.
No solo dan cuenta del «éxito» que la defensa de la infanta proclamó que fue la declaración como imputada ante la Justicia de un miembro de la familia real española, un hecho inédito.
También apuntan los objetivos en esa declaración que el juez la obligó a prestar como sospechosa de fraude fiscal y blanqueo de dinero: convencer al magistrado de su inocencia, pero también a la opinión pública de la honestidad de la casa real.
Porque la infanta no solo respondía el sábado ante el juez. Lo hacía también ante la sociedad española como miembro de una institución que, según repiten fuentes oficiales, vive un «martirio» desde hace más de dos años con este caso.
La Corona fue durante más de tres décadas una de las instituciones mejor valoradas por los españoles. El apoyo de los ciudadanos al rey Juan Carlos era envidiable para otros monarcas. Hasta que todo se vino abajo. La valoración de la institución no es ahora ni de 4 puntos sobre 10 en las encuestas.
La crisis de Botsuana -cuando una España en crisis se enteró por una rotura de cadera de que su rey se divertía en lujosas y cuestionables cacerías en África junto a una «amiga entrañable»- supuso un golpe muy duro para la imagen de la monarquía y del rey.
Pero por muy grave que fuera -que lo fue, y el rey pidió perdón públicamente en un intento del equipo de Zarzuela por cerrar y cicatrizar la herida- nada es comparable al «caso Nóos».
El escándalo de corrupción en el que el yerno del monarca, Iñaki Urdangarin, está imputado desde hace más de dos años y por el que lo ha sido la infanta Cristina es un calvario para la institución.
La familia real ha dejado de estar en los titulares de la prensa por inauguraciones, discursos institucionales o actos benéficos. Ahora ocupa las portadas por uno de los asuntos que más preocupan en las encuestas a una sociedad española que sufre las consecuencias de la crisis económica desde hace más de cinco años: la corrupción.
La hija menor del rey Juan Carlos no vivió abucheos el sábado porque la policía situó muy lejos, en otra calle, a los manifestantes que acudieron a protestar contra la monarquía y la corrupción. Ni siquiera vieron pasar su automóvil.
Esa es la suerte, sin embargo, que corren otros miembros de la familia real en actos públicos desde hace tiempo. Abucheos y pitos. Ya sea en un teatro o al aire libre, con mayor o menor contundencia y entre alguna pancarta alusiva al «caso Nóos».
Los últimos episodios, los príncipes Felipe y Letizia en Tenerife y la infanta Elena en Madrid hace pocos días. La reina Sofía también es objeto de enfado ciudadano. El rey, convaleciente, hace tiempo que no aparece en público fuera de los muros protectores de La Zarzuela o del Palacio Real.
La sonrisa esbozada -y estudiada- en la cara de la infanta Cristina al entrar y salir del juzgado era parte de la estrategia de reconquista de la opinión pública. Tranquilidad e inocencia. «Buenos días». «Hasta luego. Gracias». La infanta ante la prensa y por ende, ante la ciudadanía, en los informativos y en las portadas.
Del interrogatorio del sábado no dependía solo su futuro judicial, sobre el que el juez José Castro debe decidir. Dependía también el prestigio de la monarquía. La posibilidad de remontar.
De momento, están marcadas las distancias, aunque entre medias la casa real haya cometido errores que ha tenido que pagar, como cuando tras el primer intento de imputación del juez Castro, en abril del año pasado, expresó su «sorpresa» y se alineó con el fiscal, en un movimiento interpretado como una presión sobre el magistrado.
Cuando a finales de 2011 apartó a Iñaki Urdangarin de la agenda oficial, apartó también de facto a la infanta, y desde la fiesta nacional del 12 de octubre de ese año no ha vuelto a aparecer en un acto oficial. La Zarzuela no envió a ningún representante el sábado a Palma de Mallorca. La infanta pasó el mal trago sola junto a sus letrados. Y nadie en la casa del rey emitió después reacción alguna.
El juez Castro no resolverá de inmediato la situación procesal de la infanta. Pero cuando decida si sobresee su causa o la incluye en el escrito final como procesada, camino del juicio, llegará el momento de hacer el verdadero balance de daños.
Que la infanta, y con ella la Corona, quede libre de sospecha judicial no conllevaría automáticamente lo mismo ante la sociedad.
Vía El Universal
