La ONG Provea ha publicado en su cuenta de Twitter, una carta enviada por el Gobierno de Nicolás Maduro a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CIP), donde el Estado se opone a la participación directa de las víctimas y sus representantes en la investigación realizada por la organización mundial y pide que se limite a resúmenes elaborados por la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI.
Así mismo que no se permita la participación de los países que remitieron desde un principio la denuncia, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
La carta fue la respuesta del Gobierno de Maduro ante la solicitud de Karim Khan, fiscal de la CPI, realizada el pasado 10 de noviembre para retomar la investigación contra el país y los presuntos responsables de las violaciones de DDHH en el país.
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