“Pido al presidente, a Mauricio Funes, a que me ayude para que la sala [del Constitucional] acepte a interrumpir el embarazo”. Quien habla es Beatriz, la joven salvadoreña de 22 años cuyo embarazo de un feto inviable pone en serio riesgo su vida que grabó hace 20 días un vídeo en el que rogaba una solución a las autoridades de su país. “Yo me siento mal con todo lo que está pasando, porque no quieren hacerlo [la interrupción del embarazo] sabiendo que el niño no va a vivir al nacer”, explica la joven en la grabación con voz muy débil. Pero de nada han servido sus súplicas. El constitucional salvadoreño denegó la petición de amparo de la joven para que se le practique el aborto.
Ese país centroamericano prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo bajo cualquier circunstancia, algo que a Beatriz no se le escapa: “Los médicos del hospital han sido muy amables conmigo. Ellos también están preocupados por mi vida. Querrían hacerlo pero no pueden porque ellos tienen miedo a que les vayan a meter presos. Pido que no les vayan a meter presos”. En El Salvador la interrupción del embarazo puede penalizarse con hasta 50 años de prisión para las mujeres que se sometan a esta intervención –se las procesa por homicidio agravado—y 12 para los médicos que la realicen.
La muchacha, enferma de lupus y con graves problemas renales, grabó este vídeo ayudada por la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto cuando los magistrados del Constitucional aún estudiaban su caso. En las imágenes no se le ve el rostro, pero mueve las manos nerviosa. “Sería lo mejor que hicieran por salvar mi vida… porque no tiene sentido seguir con mi embarazo si el niño no va a vivir”, apunta. El pronóstico del hijo que espera es nefasto, según el comité médico que la atiende: el feto tiene anencefalia (sin cerebro). Sobrevivirá, si lo hace, como máximo unos días; y no sin sufrimiento.
Cada día que pasa el estado de salud de Beatriz -que tiene otro hijo de un año y medio- es más complicado. Va a entrar ahora en la semana 25 de gestación y aunque por el momento permanece estable, según los médicos, se le han detectado otras patologías añadidas como preclamsia y un aumento importante del líquido amniótico. “Quisiera que la sala acepte y hagan lo que tengan que hacer conmigo porque yo quiero vivir. Les pido de corazón que lo hagan”, pide.
Movilización ciudadana
El caso de Beatriz ha suscitado una gran movilización internacional. A las campañas de organizaciones de mujeres y por los derechos civiles de El Salvador se han sumado otras como Amnistía Internacional o Católicas por el Derecho a Decidir. En España, el PSOE ha pedido al Gobierno de El Salvador que ampare el caso de la mujer y le permita interrumpir su embarazo. Ahora, tras el pronunciamiento del Constitucional la solución sería política y tendría que llegar de la mano del presidente Mauricio Funes.
La número dos del PSOE, Elena Valenciano, se reunirá con el embajador de El Salvador en España, Edgardo Suárez Mallagray, para tratar de interceder en el caso. También el líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba ha afirmado en el Congreso que el caso de Beatriz es “dramático”.
Mientras, las organizaciones que apoyan a la mujer en El Salvador y sus abogados están estudiando el fallo de la Sala Constitucional para tratar de encontrar cualquier resquicio que permita una acción dentro del país. Además, no descartan viajar con la mujer a otro país en el que se permita la interrupción voluntaria del embarazo y que tenga la infraestructura para que se pueda intervenir a la mujer.
La plataforma Decidir nos hace Libres también ha solicitado al Gobierno de Mariano Rajoy que conceda asilo a Beatriz, para que pueda ser intervenida en España. De hecho, algunas clínicas y profesionales extranjeros, como el Grupo Dator, en España, han ofrecido a Beatriz y sus abogados costear el viaje de la mujer y un acompañante a Madrid, así como la intervención. En España, la interrupción del embarazo en situaciones de anomalía fetal extremadamente grave o incompatible con la vida, como es el caso de la salvadoreña, están permitidos sin plazo si un comité de expertos lo autoriza.
Vía El País
