El documento, confirmado por un constituyente, crea además un capítulo, el quinto, dedicado al Poder Comunal que da todo el marco legal de las comunas, figura de organización popular que no colida con el municipio.
Un borrador a debatir sobre la nueva Carta Magna que tiene la Constituyente establece 61 artículos más, entre los que figura un Estado político centralizado, siete años de período presidencial y un BCV sin autonomía.
El documento, confirmado a este medio por un constituyente, crea además un capítulo, el quinto, dedicado al Poder Comunal que da todo el marco legal de las comunas, figura de organización popular con no colida con el municipio.
En el papel de trabajo, que será debatido en las sesiones de la Asamblea Constituyente, se consagra la “República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal centralizado políticamente y desconcentrado administrativamente”, artículo 4 que borra el concepto de Estado descentralizado, consagrado en la actual Constitución.
A ni vel conceptual, la actual Constitución consagra el concepto de Estado. El borrador de la nueva Carta Magna habla más bien de un “Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, esencia de la Patria Bolivariana Socialista, para ejercer directamente el poder popular mediante la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo, en función de producir los bienes, prestar los servicios, distribuirlos e intercambiarlos con justicia social”.
En lo social, se sustituye el concepto de educación por el de “autoformación colectiva”. Además, no está contemplado la propuesta de las comunidades Lgbti de matrimonio igualitario.
En lo económico, el propuesto artículo 366 dice: (…) “El Banco Central de Venezuela es persona de derecho público sin autonomía”. En la propuesta del artículo 367 establece que el Presidente de la República es el responsable de la administración de las reservas internacionales.
Se consagra al bolívar como moneda nacional y no hay ninguna alusión a las criptomonedas, fórmula en la que confía el Gobierno nacional para encontrar una luz en el túnel de la crisis.
En cuanto a lo petrolero, la anunciada apertura del sector no se advierte en el papel del trabajo, toda vez que en su artículo 342 se establece que el Estado “conservará la mayoría accionaria o de la participación económica” de las empresas mixtas y la totalidad de Pdvsa”.
En lo político, el proyecto que sería debatido elimina el concepto del polémico artículo 350 de la Constitución de 1999, que desconoce “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”.
La propuesta a debatir cierra en el artículo 411 así: Los venezolanos y venezolanas tienen el derecho y el deber de cumplir y velar por la correcta aplicación de este texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Con información de Panorama
