El Gobierno de México ha dado el visto bueno a la designación de Francisco Arias Cárdenas, como embajador de Venezuela, una decisión que ahonda en la polémica sobre el papel del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador, en la crisis del país caribeño.
Arias Cárdenas fue nombrado para el cargo por el presidente Nicolás Maduro unilateralmente, sin el respaldo de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, como lo contempla la Constitución venezolana.
Arias Cárdenas no podrá ejercer como embajador hasta que López Obrador no acepte las cartas credenciales, pero hasta entonces será tratado como un representante diplomático más de Venezuela.
La Cancillería mexicana trata a toda costa de evitar que el beneplácito al exmilitar se interprete como un espaldarazo del Gobierno de Nicolás Maduro, que ve en México a un aliado en un momento en el que la mayor parte de la comunidad internacional, sobre todo en América, le da la espalda.
El embrollo que supone para la diplomacia mexicana la llegada del nuevo representante del chavismo queda reflejado en la forma en que lo ha justificado. “[Se le ha concedido el beneplácito] sin que este trámite conlleve de forma implícita el reconocimiento o desconocimiento de un gobierno extranjero con el que se mantienen relaciones diplomáticas, como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela”, asegura Exteriores en un comunicado.
El exmilitar chavista, que se encuentra en la capital mexicana, no podrá ejercer las tareas propias de embajador hasta que López Obrador acepte sus cartas credenciales, un proceso que, según afirman desde Exteriores, puede prolongarse. Hasta ese momento, María Lourdes Urbaneja continuará siendo la embajadora. No obstante, en el Gobierno de López Obrador confirma que a Arias Cárdenas se le tratará como un miembro de la misión venezolana, sin aclarar en condición de qué, lo que le garantiza la inmunidad diplomática y no le impide actuar, de facto, como el representante de Maduro frente a López Obrador.
El beneplácito a Arias Cárdenas, último paso antes de aceptar las credenciales, supone, en cierta manera, un espaldarazo a Nicolás Maduro y deslegitima el poder de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y electa en 2015, y que según la Constitución de Venezuela es quien debe autorizar el nombramiento de los embajadores y diplomáticos. En su artículo 187, numeral 14, indica: “corresponde a la Asamblea Nacional (…) autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas permanentes”.
Via El Pais/Diario Republica
www.diariorepublica.com
