Desde hace un par de años en Venezuela, se ha desarrollado una nueva forma de adquirir bienes y servicios a través de ventas prepago, en donde las personas se suscriben en un portal web que oferta descuentos en distintos establecimientos comerciales.
El usuario debe realizar el pago del servicio para luego recibir un cupón que deberá canjear en el establecimiento comercial.
Luego de una serie de consultas e investigación con respecto a la forma con que operan este tipo de empresas, el actual presidente del Indepabis, Eduardo Samán, procedió a negar 473 solicitudes de promociones, interpuestas por estas firmas comerciales de venta prepagada, hasta tanto las compañías no sean debidamente registradas y verificadas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban).
Con esta medida el Indepabis protege a las personas, puesto que esta actividad comercial debe cumplir con los requisitos exigidos por la legislación venezolana, respecto a los procedimientos de captación de dinero anticipado por la prestación de un servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico.
De esta forma, las empresas afectadas con esta medida tienen 15 días para interponer un Recurso Jerárquico ante el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, de conformidad con el lo establecido en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
En años anteriores bajo la primera gestión de Eduardo Samán como Presidente de este instituto se realizó una investigación sobre la firma del Grupo DMG Venezuela, en donde los usuarios daban un adelanto de dinero con la finalidad de obtener grandes ganancias, luego de las averiguaciones esta institución confirmó que se trataba de una estafa.
Otras prácticas parecidas a la modalidad de prepago son las ventas programadas de vehículos, en donde actualmente se encuentran más de dieciocho mil (18.000) personas afectadas, quienes no tienen respuesta de su dinero, ni de la asignación del automóvil y la venta de inmuebles en construcción que conllevó a la estafa inmobiliaria.
Nota de Prensa
