El jurista Asdrúbal Aguiar considera «aberrante e inconstitucional» la creación, por decreto presidencial, del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), y no precisamente por erigirse en otro mecanismo de censura de la información, que amenaza a ese derecho consagrado en la Constitución venezolana.
«Nicolás Maduro acaba de aprobar un decreto con el que cava su tumba de gobernante. La claque militar que lo rodea y da sustento, blinda el círculo de su poder e impone su inconstitucional Cesppa, pues, mientras dura, transforma en eunucos a los ministros del Interior, Justicia y Paz; de Relaciones Exteriores, y de Defensa, y dejan de ser, en la práctica, órganos directos del Presidente de la República, como lo manda el artículo 242 constitucional».
El Cesppa, advierte, se convierte en la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional, de la dictadura de Chile), que tendrá más poder que el propio Presidente de la República, y que «desnuda la autoría castrense del manido decreto».
Aguiar recuerda que hubo iniciativas similares a inicios del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La primera fue el llamado Sistema Nacional de Inteligencia, que pretendía mudar a Miraflores y bajo dependencia inmediata de Chávez, una policía secreta al mando del teniente Eliézer Otaiza, y cuya ley, aprobada por la Comisión Legislativa en el año 2000, fue objetada » a buena hora» por los ministros de Defensa, Raúl Salazar, Luis Alfonso Dávila y José Vicente Rangel, quienes impidieron su ejecútese. «Cuidaron al Presidente. Y si bien todos los gobiernos, autoritarios o no, tienen bajo su disposición aparatos de información, los gobernantes cautos optan por mantenerlos a distancia, diversificándolos, bajo cuidado de sus ministros del ramo», afirmó.
Trece años más tarde la amenaza reaparece. «Esta DINA venezolana, de acuerdo con los artículos 3, 8 y 9, del decreto que le da vida, tendrá el poder que no tiene Maduro, sobre todo en una sociedad global donde el poder reside en la información y no en las armas. El Cesppa es el que decide qué se le informa o no al Jefe del Estado. Nada menos.Y esto lo digo con la angustia de haber sido Ministro de Relaciones Interiores hasta 1999. Pero el asunto no se queda allí. Lo no previsto en el inconstitucional decreto, le compete resolverlo, a su arbitrio, al Mayor General del Ejército (Gustavo González) quien hoy ocupa el Ministerio del Despacho de la Presidencia. A pesar del poder, por su proximidad al ocupante del Palacio, ni siquiera firma de último como sus antecesores, tras los ministros. El decreto del caso -que revela el fondo de la cosa- lo firma de primero, luego de Maduro».
«El poder real de la República está en manos castrenses, en las del Secretario de Maduro y del otro Mayor General quien ocupará el Cesppa en calidad de «rector y articulador» de las políticas de trabajo de los ministerios mencionados, y eso viola el artículo 323 de la Constitución que instituye el Consejo de Defensa de la Nación; deroga de facto la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, y arrasa con la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia que fija las normas sobre clasificación de documentos secretos».
El Universal
