La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó ayer al estado venezolano, debido a la violación de derechos políticos y de expresión de tres funcionarias públicas que fueron despedidas tras apoyar un referendo revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Chávez en 2003, datos que se conoció por la llamada Lista Tascón informó el tribunal este miércoles.
El tribunal con sede en San José, dictaminó, previo al análisis de pruebas, que el Estado venezolano es responsable «por la desviación de poder y discriminación política que significó la terminación arbitraria» de los contratos laborales de Rocío San Miguel, Magally Chang y Thais Coromoto, reseñó la Agencia de Noticias AFP.
Las tres eran funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras, de donde fueron despedidas después de apoyar el referendo contra Chávez, datos que se conocieron, gracias a la lista Tascón, realizada por el fallecido Luis Tascón que al final de sus días se intentó oponer al gobierno venezolano.
«Hoy se me sale el corazón de alegría. Esta es una sentencia que ayuda a desenmascarar el talante depredador del modelo de poder instalado en Venezuela», declaró San Miguel
Agregó que «el despido arbitrario tenía la intención encubierta de acallar y desincentivar la disidencia política, pues fue instrumentalizado como factor ejemplarizante para que otras personas que ejercieron esa misma libertad se vieran amedrentadas».
«A partir de esta sentencia queda demostrado al mundo como en el marco de la Revolución Bolivariana en Venezuela existe una política de apartheid», acotó San Miguel, en una alusión a la antigua política de discriminación racial en Sudáfrica.
El tribunal ordenó una serie de medidas de reparación, varias de ellas destinadas a evitar que hechos como «esta desviación de poder» no permanezcan en la impunidad.
Los hechos se dieron en 2003, cuando sectores opositores recogieron más de 3 millones de firmas para impulsar un referendo revocatorio contra el mandato de Chávez, oportunidad que aprovechó el regién de Chávez para ordenar al diputado Luis Tascón recolectar copias de las planillas de los firmantes, las cuales fueron publicadas en una página web, la lista según CIDH, tenía fines intimidatorios y propició «el ambiente de persecución política y discriminación contra los opositores del gobierno».
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