Más de dos mil personas que se encontraban recluidas en el Centro Penitenciario de Occidente, estado Lara, fueron trasladadas a 13 cárceles de Venezuela, tras la clausura de la prisión conocida como Uribana, el 27 de enero de este año.
Hasta el 31 de diciembre de 2012, 30.669 personas se encontraban presas en diez penales del país, lo que representa el 64% de la población reclusa del país, de acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Nueve de las diez cárceles que encabezan la lista de las instalaciones más hacinadas de Venezuela fueron las receptoras de 1.328 internos.
El Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, es la cárcel más congestionada de Venezuela. Fue diseñada para albergar a 750 internos pero tiene una población de 4.654 reclusos, es decir tiene un hacinamiento de 520%. El penal recibió a 12 mujeres y 219 hombres.
El segundo puesto lo ocupa la Penitenciaría General de Venezuela con una sobrepoblación de 319%, al albergar 4.615 internos aunque fue diseñado para recibir a 1.100 reos. El excedente asciende a 3.514 presos. Las autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios enviaron para allá a 114 hombres y a 19 mujeres.
A pesar de que la cárcel de Tocuyito es considerado como el tercer penal más hacinado de Venezuela, con 267% de congestión, el equipo del ministerio que dirige Iris Varela envió 13 reclusas y cinco reos.
Antes de la avanzada de la Guardia Nacional a la cárcel de Uribana, la instalación presentaba un hacinamiento de 188%, ya que allí había un excedente de 1.600 presos. La ministra de prisiones, durante un recorrido efectuado el 26 de enero, mostró a la opinión pública los ranchos que tuvieron que hacer los internos en los patios de la cárcel larense, llamados «buguis», debido a que no había espacio dentro de la infraestructura donde pudiesen cobijarse.
Rodando la arruga
El tres de mayo de 2012, 2.400 presos fueron trasladados desde la cárcel de La Planta a diferentes penales del país, tras la clausura del centro de reclusión. Unos 600 internos fueron llevados a Yare I y II, donde fallecieron 25 presos durante un enfrentamiento armado en el patio del centro de reclusión el 19 de agosto del 2012.
Fuentes tribunalicias aseguraron en esa ocasión que la lista real de fallecidos rondaba los 42 reos.
El diez de octubre del año pasado, 1.037 reos también fueron mudados del Internado Judicial de Coro tras el cierre definitivo de la cárcel. Iris Varela declaró en esos días que los reclusos serían trasladados a las cárceles de Uribana (Lara) y de Tocorón (Aragua).
Según informe de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, en 2012 las cárceles venezolanas albergaban a 48.262 presos para una capacidad de 16.539, lo que supone un hacinamiento crítico de 192%.
Los traslados improvisados agravan la aglomeración de reclusos y empeoran sus condiciones de vida, de acuerdo con las estimaciones del coordinador general del OVP, Humberto Prado, quien indicó que el problema de la violencia se muda de un penal a otro con los traslados.
«¿Cómo puede salir de la cárcel un preso si el Estado lo acostumbra a que le pasen las ratas por los pies, a que viva en la inmundicia o a tener amibiasis permanentemente?», se pregunta en Prado.
Narvi Pirona, de 22 años, un recluso procedente de la cárcel de Uribana fue asesinado a menos de 24 horas de su ingreso al Centro Penitenciario de Aragua, ubicado en Tocorón.
El coordinador general de la ONG Una Ventana A La Libertad, Carlos Nieto Palma, considera que la política de cierre de cárceles y traslados del Ministerio de Servicios Penitenciarios agrava la situación del interno.
«Los reclusos deberían estar cercanos a sus familias porque ellas contribuyen con su manutención. Las madres y esposas de los internos les brindan las cosas que el Estado no les da. Si buscamos que se rehabiliten y se reeduquen, la familia es parte fundamental en ese crecimiento», expresó Nieto.
La ONG Control Ciudadano emitió un comunicado en el que ven con preocupación lo que han definido como «un proceso de limpieza carcelaria auspiciado por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios con apoyo de la Guardia Nacional», tras la muerte de personas privadas de libertad durante los hechos ocurridos en las cárceles de Uribana, Yare, Coro y La Planta en 2012.
Vía ElUniversal.com
