A la tercera no fue la vencida. La plenaria de la Asamblea Nacional sesionó ayer por tercera ocasión para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pero no se llegó a un acuerdo con mayoría calificada. Por lo tanto el punto se tocará hoy en una cuarta sesión, en la cual el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que hasta ahora es el único que ha hecho propuestas, podrá designar con mayoría simple a las nuevas autoridades del máximo tribunal.
Por tercera ocasión, el diputado Elvis Amoroso (PSUV- Aragua), presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, fue el encargado de exponer a la plenaria el punto sobre la escogencia de los magistrados. El parlamentario comparó el proceso de elección en Venezuela con otros países como Reino Unido, Francia, España y Estados Unidos donde los equivalentes a magistrados son elegidos por los jefes de Estado o Gobierno. «Venezuela es el país que tiene las condiciones más democráticas para elegir a sus magistrados», aseguró.
Amoroso reiteró la lista propuesta desde el partido de gobierno para ocupar las 15 plazas vacantes en el TSJ: para la Sala Político- Administrativa María Carolina Ameliach, Inocencio Figueroa y Bárbara César; a la Sala de Casación Social Edgar Gavidia Rodríguez, Marjorie Calderón, Mónica Misticchio y Adrián Meléndez; a la Sala de Casación Civil Guillermo Blanco, Danilo Mujica, y como suplentes Vilma Fernández y Juan Pablo Torres; a la Sala Electoral Indira Alfonzo; a la Sala Penal Marisela Godoy, Elsa Gómez y Maikel Moreno; y finalmente a la Sala Constitucional el suplente Francisco Velásquez.
Desde la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática objetaron la propuesta del PSUV por tener nombres que «representan más de lo mismo». Guillermo Palacios (UNT- Lara) dijo: «No podemos votar una plantilla que va a ser más de lo mismo (…) que de alguna manera u otra guarda relación con la violación de los Derechos Humanos en este país».
Palacios citó los nombres de Marjorie Calderón y Maikel Moreno. La primera fue la jueza que sentenció a los policías metropolitanos y al ex comisario Iván Simonovis por los hechos del 11 de abril de 2002; el segundo (Moreno) fue un juez destituido en el 2007 por la Sala Constitucional, que lo acusó de haber incurrido en un grave error al dejar en libertad a unos homicidas. «Es imposible que bajo ese concepto podamos llegar a un consenso», dijo.
Vía EU / www.diariorepublica.com
