Víctimas de robo y hurto de vehículos ya no tendrán que pagar a los estacionamientos para recuperar su propiedad, será el Estado elencargado de cancelar esta deuda.
Así lo establece la Ley Especial sobre Hurto y Robo de Vehículos y Delitos Conexos, sancionada el pasado jueves por la plenaria de la Asamblea Nacional, que consta de 26 artículos, y que fue remitida al Ejecutivo para próximamente ser publicada en Gaceta Oficial.
El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), José Javier Morales, quien coordinó dicha reforma, señaló que el pago de los estacionamientos, que hasta ahora era una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue incluido en la Ley.
“Cuando a alguien le roban el vehículo, al ser recuperado es enviado a un estacionamiento, que puede ser público, una depositaria judicial o de resguardo necesario, infraestructura que debería tener el Estado,pero como no es así, le compete a través del ministerio de Finanzas, pagar a los propietarios de los estacionamiento, tomando en cuenta que no se puede causar un gravamen mayor a quien fue objeto de un delito”, explicó el legislador.
La inclusión de este punto, la solicitó el diputado Elvis Amoroso, al manifestar que el pago del estacionamiento del vehículo recuperado debe ser exonerado y asumido por parte del Estado para evitar el perjuicio a los ciudadanos que son víctimas de este delito.
En tanto, lo que es calificado por los propios diputados como un “calvario” será a partir de ahora un trámite más sencillo. Los vehículos robados que sean recuperados por las autoridades competentes, podrán regresar a manos de sus propietarios en un lapso de 96 horas una vez que sean realizadas las experticias correspondientes. Serán 48 horas para el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y 48 para el Ministerio Público (MP).
Morales explicó que la revisión técnica se hará en casode que los automóviles estén incursos en delitos como secuestros, sicariatos u homicidios, proceso al que se la ha dado, mediante la ley, 48 horas para que el Cicpc entregue la experticia al MP, que además incluirá los datos del propietario que antes era una función que recaía en el órgano antes mencionado.
“Eso se simplificó en un solo paso y una vez que le llegan las actuaciones al MP si no hay interés criminalísitico adicional en es evehículo dentro de las 48 horas se automóvil debe ser entregado al propietario”, agregó Morales.
Otro proceso engorroso que fue enmendado con la reforma trabajada por la Comisión de Política Interior, es que al entregar el bien recuperado de “inmediato” debe ser excluido del sistema de información policial de vehículos solicitados, pues en muchos casos permanecían en esta lista.
También fueron aumentadas las penas que se aplicaran al cometer este delito. A los funcionarios públicos que infrinjan la ley podrían ser privados de su libertad de cinco (5) a nueve (9) años.
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