«Es una mezcla de dos cosas: se busca afianzar el modelo de control del estado porque esto (la providencia 011) hace que aumente. Toda la banca pública controla el 40% de usuarios, por lo tanto es un afianzamiento de esa lógica del modelo», dijo el especialista.
Y el segundo punto que consideró Oliveros, es que la medida responde a una «limitación de caja» por parte del Gobierno Nacional. A su juicio, ahora que toda la estructura de viaje (disponibilidad de boletos y asignación de divisas) tiene que pasar por la banca pública, se burocratizará más el proceso de adjudicación de dólares, lo que decantará en una disminución en la aprobación de las divisas en un segmento de la población, más concretamente la clase media.
Este criterio también lo comparte Luis Vicente León, director de Datanálisis, al comentar que la medida responde a que el Gobierno no tiene suficientes recursos para enfrentar sus compromisos en dólares y recurre a «mecanismos como éste».
En este sentido, ambos analistas coincidieron en que el control cambiario ya no cumple las funciones para las que fue creado, y que a juicio de Oliveros, esta coyuntura debería servir para desmontarlo.
Como consecuencia de esta medida «solo afectan a la población que quiere viajar e incitan los ilícitos cambiarios. No se resuelve el problema. Siguen siendo paños de agua caliente que paga la población individual y que la empobrece cada vez más», destacó Luis Vicente León.
Perspectiva
Tanto para Oliveros como para León, la medida solo busca «ganar tiempo» para que el Estado reorganice su política económica en busca de otras soluciones, que si bien no resuelven el «problema de fondo», servirán para seguir dando largas a la limitación de dólares a personas naturales.
«El responsable de la distorsión no es el venezolano sino la política que incita a cometer ilícitos cambiarios, que deriva en más controles y empobrece más a la población», dijo Luis Vicente León.
Por su parte, Oliveros consideró que el control cambiario con tantas restricciones puede obligar a la población a recurrir a tasas no oficiales o al Sistema Marginal de Divisas, sustancialmente más costoso que Cencoex y Sicad.
El analista indicó que la reducción del cupo le ahorra al Gobierno $2,5 millardos pero el déficit de deuda externa de Venezuela sobrepasa los $25,7 millardos.
«El control cambiario lleva a encarecerte sustancialmente el viaje y hacerlo inviable para un segmento importante de la población. Si tengo que acudir al Simadi o al mercado negro, el cambio de presupuesto de viaje es imposible», destacó Oliveros.
Vía EU / www.diariorepublica.com
