2013 ha sido el año más difícil para la revolución bolivariana no solo por el fallecimiento de su máximo líder, Hugo Chávez, sino por la acumulación de problemas económicos, dicen análisis de oposición y oficialismo.
El año pasado cerró con la inflación más alta de los últimos 20 años, calculada en 56,2%. Se llegó a niveles récord en los indicadores de escasez y desabastecimiento, pérdida de reservas internacionales y un crecimiento económico de 1,6%, muy inferior a las metas iniciales de entre 4% y 5% del producto interno bruto (PIB), revelan cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).
Las razones de esos desequilibrios se expresan en los mismos términos polarizados del debate político. Para el Gobierno, los resultados fueron el saldo de una “guerra económica” desatada por sectores empresariales empeñados en desestabilizar la administración chavista, dirigida por el presidente Nicolás Maduro.
El integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo (Psuv), sostiene que durante el primer año de la desaparición física de Chávez les ha tocado afrontar adversidades inducidas e impulsadas por “sectores oligopólicos de la economía nacional”. Según él, “no ha sido nada fácil para el Gobierno combatir esas acciones, que afectan al pueblo”.
Por su parte, el economista y docente Víctor Álvarez estima que la muerte de Chávez y luego las elecciones presidenciales de abril tuvieron una repercusión clara sobre el curso económico.
Al mismo tiempo, considera que los reveses de 2013 responden a dos factores clave: el primero, que “se requería una necesaria revisión y rectificación de un conjunto de políticas económicas que ya habían cumplido su ciclo, que lucían agotadas, y que habían permitido lograr los objetivos planteados para el momento”; el segundo, el aprovechamiento que la oposición hizo de la devaluación anunciada en febrero y de la fragilidad en la que se encontraba la economía por la falta de actualización de las medidas ya colapsadas.
La mayor crítica de Álvarez radica en el hecho de haber sobrevalorado artificialmente el bolívar por tanto tiempo. Advirtió que la solución es sustituir el anclaje cambiario por un sistema de bandas, regulado por el Gobierno. No obstante, se muestra optimista sobre las nuevas medidas aplicadas en el área.
La otra cara. Para la oposición política y economistas independientes, la situación económica, sin embargo, se deriva de la enorme expansión del gasto público durante 2012 para viabilizar la reelección del para entonces candidato y presidente Hugo Chávez, en medio de dudas sobre su salud.
En ese sentido, el economista Luis Zambrano Sequín señala que, en el prolongado lapso en el cual se mantuvo una expansión fiscal muy grande, se consumió una buena parte de las reservas internacionales y fondos paralelos.
La situación, dice Zambrano Sequín, condujo a un deterioro importante en el sector externo y en las cuentas fiscales, que concluyó en un déficit estimado en 15% del PIB.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Economía, Efraín Velázquez, sostiene que en los últimos 12 meses se han profundizado los desbalances de la economía, toda vez que el consumo está creciendo sobre 4% cuando la oferta solo crece a 1,6%.
Los dos maduros. Después de la última cadena nacional de Chávez, el 8 de diciembre de 2012, cuando designó como “heredero de la jefatura revolucionaria y candidato presidencial” a Nicolás Maduro, sabía que la economía sería el gran dilema por enfrentar para consolidar su posición política, afirma Zambrano Sequín.
Con la designación de Nelson Merentes como ministro de Finanzas y vicepresidente del Área Económica, Maduro intentó una política de diálogo con los sectores económicos privados, en función de mantener el crecimiento económico y superar el impacto de la devaluación del bolívar, que decretó en febrero de 2013 siendo presidente encargado.
Fue inclusive más allá y eliminó el Sistema de Transacciones en Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), sustituido un mes después por el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), un mecanismo de subasta que, para analistas, significó una nueva devaluación y no necesariamente la solución al problema.
El diálogo que aparentemente se había abierto fue abandonado meses después, cuando el Mandatario denunció que se estaba produciendo una “guerra económica” en contra de su gobierno, instaló a Rafael Ramírez en el área económica y reforzó los controles sobre los precios y las operaciones cambiarias.
Pese a ello, el paralelo no logró ser vencido y la escalada llegó a límites insospechados que generaron precios exagerados en los bienes y servicios, lo cual obligó a tomar medidas, comentó el diputado Ramón Lobo.
Enfrentado a cuestionamientos a su legitimidad, derivados del estrecho margen con el cual ganó las elecciones el 14 de abril de 2013 y a las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso, Maduro tomó medidas drásticas interviniendo cadenas comerciales para rebajar precios de productos electrodomésticos y de otras categorías para ir en mejor posición a los comicios municipales de diciembre.
En enero y febrero, la Ley de Precios Justos entró en vigencia y al novel sistema cambiario se le sumó el permuta o Sicad 2, que -prevén- vendrá a darle un respiro a Pdvsa.
El Gobierno estima enderezar la economía en medio de nuevos conflictos políticos y hechos de violencia que han azotado al país, y cuyas visiones divergen.
Frente a lo que resta de 2014, las expectativas lucen negativas. Se espera un período recesivo y con mayor inflación que 2013 de no servir los remiendos en materia cambiaria.
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