El Congreso peruano aprobó inhabilitar este viernes por 10 años para ejercer cargos públicos al popular ex presidente de esa nación Martín Vizcarra, señalado de haberse vacunado de manera irregular contra el Covid-19 y posteriormente descubierto y expuesto a la opinión pública.
De esta manera el ex mandatario (2018-2020), quien fue el más votado de las elecciones legislativas del domingo con más de 165.000 sufragios, no podrá ocupar su escaño en el próximo parlamento, según informan agencias.
«Ha sido aprobada la resolución del Congreso por la que se inhabilita por diez años para el ejercicio de la función pública al ex presidente Martín Vizcarra», dijo la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez. Ni Vizcarra y ni su abogado Fernando Ugaz asistieron a la sesión del Congreso, pero el ex jefe de Estado peruano denunció un Parlamento «deslegitimado» y prometió que recurrirá la decisión ante la Justicia.
«No tenemos ninguna duda que esta situación se va revertir. Este Congreso está deslegitimado, vamos a recurrir a instancias nacionales e internacionales», expresó Vizcarra tras salir de su casa en Lima. «Ya hemos presentado un recurso de amparo ante el Poder Judicial, también se ha presentado una medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», agregó.
El Congreso también inhabilitó a las ex ministras del actual presidente interino Francisco Sagasti, Pilar Mazzetti (Salud, por ocho años) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores, por un año), también señaladas de haberse vacunado de manera irregular.
La medida contra ex presidente fue aprobada por 86 votos, sin voces en contra ni abstenciones, superando los 80 votos necesarios para sacarlo de carrera en la decisión. Varios de los 130 congresistas no pudieron votar en la sesión virtual y otros no se presentaron.
Vizcarra, que llegó al poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, del que era vicepresidente, ha admitido que recibió dos dosis de la vacuna china de Sinopharm antes de que ésta fuera aprobada en diciembre por las autoridades sanitarias de Perú, pero niega haberlo hecho de forma irregular.
Según el ex dignatario él, su esposa y su hermano fueron voluntarios de un ensayo clínico. Sin embargo, esas declaraciones fueron rechazadas por el jefe del ensayo clínico, el doctor Germán Málaga, quien también enfrenta cuestionamientos y fue destituido de su cargo.
«Vizcarra se estaba vacunando cuando el Perú registraba su más alta tasa de mortalidad y contagios. Merece la mayor sanción pues mintió y usó mal su cargo de presidente», pronunció este viernes el legislador Alí Mamani al exponer el caso contra Vizcarra durante las cinco horas de debate parlamentario. La inhabilitación es la sanción «idónea», añadió.
La comisión permanente del Congreso había aprobado hace ocho días la acusación de inhabilitación contra Vizcarra por 26 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. También aprobó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de las dos ex ministras.
Afirman que merece “la mayor sanción”
Mazzetti y Astete renunciaron en febrero tras conocerse que integraban un selecto grupo de 470 personas que se habían vacunado en secreto antes del inicio oficial de la campaña de inmunización en Perú. El «Vacunagate» involucra a funcionarios, diplomáticos, empresarios, familiares del doctor Málaga y el nuncio del Vaticano.
La Fiscalía peruana abrió en febrero un expediente a Vizcarra y otras personas por el caso de la inoculación de vacunas fuera del rango de tiempo.
Además, el ex mandatario, que ganó altos índices de popularidad al abanderar la lucha contra la corrupción, enfrenta una investigación separada por presuntamente haber recibido sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua, de 2011 a 2014.
Por este caso, el Congreso lo destituyó el 9 de noviembre en un juicio político relámpago, que desató violentas protestas con saldo de dos muertos y un centenar de heridos. En ese contexto, Perú tuvo tres presidentes en un lapso de cinco días y en medio de los embates de la pandemia, siendo una situación inédita vivida en la República del país inca y jamás visto en la historia política del país.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva contra él por los señalamientos de corrupción, pero la justicia consideró «infundado» el pedido, aunque le prohibió salir de Lima sin autorización y le impuso una caución de 27.000 dólares. El ex presidente sigue insistiendo en su inocencia.
Fuente AFP/Diario República
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